NOSOTROS O ELLOS Nº 184

LOS MISERABLES (UNDÉCIMA PARTE)

No hay lugar ni para la ética, ni para la moral.

1. Arroyo Salgado, en el acto del Senado de La Nación, organizado por la oposición cipaya, manifiesta con claridad que no se politice la investigación y que los medios de comunicación sean respetuosos de la misma ya que con sus “análisis” las obstaculizan.
2. Tanto los políticos de la oposición cipaya, como los medios de los saqueadores y apropiadores de bienes ajenos (Papel Prensa) en la época de la dictadura genocida con quienes se asociaron, hicieron todo lo contrario al pedido de Arroyo Salgado: incrementaron la utilización política del suicidio-inducido-asistido del fiscal e inventaron nuevas situaciones, como la desopilante intervención de Natalia Fernandez, la que, un día antes de la marcha, y 29 días después de su participación como testigo, revela un “procedimiento erróneo”, como si hubiese sido una experta y Clarín (quién si no) la destaca en tapa y en un espacio inusual como, dando a entender, que ello demuestra que se cometieron serias irregularidades en el procedimiento inicial.
3. Esa persona declaró (ahora) que había 50 personas en el lugar (debe haberlas contado), que la fiscal mostró “cinco casquillos de bala” (también debe haberlos contado”, que “había 25 carpetas” que decían “causa”, “secreto” (esto también debe haberlas contado), que los presentes marcaban y leían cosas, “nombres en arameo, y de la AMIA”, que se reían, que tomaban mate y café, que pidieron medialunas, que el portero le ofreció un café de la cafetera de Nisman, que el celular de Nisman sonaba sin parar, que aparecieron personas disfrazadas de astronautas, que el disparo salió a los 11 centímetros (aclarando que eso lo escuchó mientras se dormía y también escucho a Berni negarlo y decir “que todo fue más que normal y transparente”). Lo que no salió con tanta claridad en Clarín es que también afirmó que “le dijeron” que habían localizado a un francotirador en otro edificio y encontrado un casquito del disparo.
4. Lo de Magneto no posee límites ni éticos ni morales. Ha tenido mucho que ver con el suicidio inducido, quizá más que los propios servicios extranjeros, pues Magneto es el promotor del golpe de estado (llame como se lo llame). El libreto a la testigo Natalia Fernández sale de su entorno. Durante casi un mes se la prepara y, cuando sólo falta horas para la marcha de los golpistas, publican las “declaraciones” de ella, colocándola (pues no les importa, ya indujeron a la muerte a uno) en una situación sumamente comprometida, ya que: “todo el procedimiento de esa noche está filmado y documentado”; “todos los procedimientos, absolutamente todos, fueron filmados en un crudo que abarca la totalidad de lo que se hizo. Luego se realizó una edición de la filmación, pero está el crudo original”, alega la fiscal, pero, lo más destacado es que en dicho procedimiento se encontraban presentes la madre del muerto, su hermana y su secretaria, quienes sin dudas no participarían de las carcajadas, del mate ni de las medialunas.
5. Por otro lado, la nueva “estrella” de los mafiosos, Natalia Fernández, no fue testigo de ningún hecho, ni del procedimiento, ni después de encontrarse el cuerpo, sino a partir de las tres de la mañana cuando es encontrada en la calle y convocada como “testigo público”; que es una carga pública y, por ende, es obligatorio su participación.
6. El esfuerzo de todos los conspiradores es lograr que ese suicidio que ellos indujeron (habría que analizar no sólo el contrato de Lagomarsino de 41 mil pesos mensuales sin trabajar, sino otros seis o siete contratos de promedio cercano a los 20 mil pesos mensuales que percibían mujeres que nadie en la fiscalía conoce que hacían y donde lo hacían, todos pagados por el Estado) ya que de esa manera creen fortalecer, ante un público adicto, la idea de que a Nisman lo mató el gobierno.
7. A pesar de todo este circo, la ex mujer Arroyo Salgado, olvidándose de sus propias palabras, anuncia que va a participar de la marcha, aclarando, como si no supiese, que lo hará “respetando el silencio” y como homenaje a su ex marido. Está transitando en un límite, sobre una línea delgada, entre la ingenuidad y la complicidad. Creemos, en respeto a la investidura de jueza que alcanzó gracias a los K, que es más complicidad que ingenuidad, pues de otra manera tendríamos una jueza muy elemental, que no sabe distinguir y es incapaz de observar que la marcha no se convoca por Nisman sino contra el gobierno, usando al muerto como pantalla, y aún más, sabiendo que quienes la convocan son los fiscales que desviaron la investigación desde el inicio de la causa, cometiendo todo tipo de irregularidades, desvíos de la investigación, sobornos y otros graves delitos. Tampoco puede ignorar, como lo señalamos en el número anterior, que los “expertos peritos de parte” que designó, fueron verdaderos encubridores (y cómplices) de las torturas y muerte durante la dictadura genocida.
8. Esto sí que es plurifacético:
1. Un fiscal muerto como consecuencia de un suicidio-inducido-asistido, que es tratado como un “héroe” cuando fue, claramente, uno de los que desvió pistas adrede para (como dicen los abogados) embarrar la cancha  llevarlas por caminos predeterminados por la embajada de los EEUU y de los servicios Israelitas y yanquis a quienes verdaderamente reportaba. Más que “héroe” estamos muy, pero muy próximo, a la figura del artículo 29 de la Constitución Nacional donde surge la figura de “infame traidor a la patria”. Agrego esta clara nota de Julio Maier.

 

La “independencia” judicial.  Por Julio Maier * (Página 12 del 18F)

Si existe un principio cuya invocación casi religiosa une a todos los jueces y funcionarios judiciales –creo que sólo yo me he permitido dudar sobre el alcance de este principio- es aquel nombrado en el título. Todos los jueces y casi todos los funcionarios, según conozco, son, ideológicamente, “independentistas” extremos y conceden al principio importancia republicana básica. Por lo demás, el principio es entendido tanto funcionalmente, esto es, relativo al poder estatal que los tribunales ocasionalmente representan frente a los otros poderes del Estado, al momento de proceder y decidir según su competencia, como también como característica personal de la definición de la palabra “juez”. Posiblemente mis dudas, acrecentadas mientras más próxima esta segunda visión, sean consideradas pecado mortal, blasfemia, brujería.

Pero he aquí que, pese a ese mandamiento primero, los mismos jueces no sólo han tolerado una organización judicial regida por el principio inverso, verticalizada al extremo, de modo que unos, denominados “superiores”, les enmiendan y corrigen las decisiones a otros, llamados “inferiores”, y aquéllos, los “superiores”, todavía tienen superiores a ellos mismos: existen tantos tribunales superiores como recursos con distinto nombre y fe de bautismo prevé la ley sobre el procedimiento judicial. Pero, además, los “inferiores”, a pesar del delito de prevaricato (CP, 269), se permiten decidir explícitamente en contra de su saber y entender, cuando la jurisprudencia –esto es, la decisión o las decisiones previas de los “superiores”– les indica comprender el caso de un modo distinto a aquel que constituye el leal saber y entender del juez que decide.

Pero, para mi horror, ha cobrado actualidad el hecho, afirmado en un libro publicado al parecer hace más de dos años –yo no lo he leído, pero procuraré hacerlo en breve si consigo un ejemplar-, corroborado por cierta prueba documental y no desmentido por sus protagonistas, de que un funcionario judicial recibía órdenes de representantes de Estados extranjeros o sometía sus dictámenes a un Estado extranjero para su corrección o se disculpaba ante los representantes de ese Estado por el hecho de haber decidido obrar de tal o cual manera o por no haber informado previamente su decisión. De eso, sin embargo, no se habla. Yo no puedo verificar si ello es o ha sido realidad, como tantas otras afirmaciones del mundo actual que alguien con cierto poder dice y a la gente de a pie sólo le es concedido creer o descreer, pero inmediatamente recordé mis años de ejercicio profesional, cuando un par de veces concurrí a los tribunales federales con la intención de hablar con un juez de esa competencia y algún empleado me sumía en el fracaso con la excusa de que el juez a entrevistar había sido invitado con sus colegas de fuero y competencia a almorzar en la Embajada de EE.UU. Todavía más: recuerdo con una sonrisa mi defensa de la madre de una alumna de la facultad –finalmente absuelta sin mi patrocinio, con defensa oficial (no aceptó ella la terminación del juicio a prueba que le proponían)–, que yo caratulé “contrabando de chinos” en un comienzo, nombre bautismal que repitió la sentencia absolutoria, causa en la que siempre sospechamos la intervención de la Embajada de EE.UU. en su promoción y aliento, por razones que aquí no viene al caso detallar ni podemos comprobar.

La primera acepción de la palabra independencia se vincula con la falta de influencia de las razones de conveniencia de un Estado extranjero en las decisiones que, según su competencia, toman los funcionarios de otro Estado soberano. Por ello esas sospechas y afirmaciones me sonrojan y provocan la llamada “vergüenza ajena”.

El significado republicano de esa palabra indica antes que nada la falta de vinculación de las decisiones de un poder del Estado con las decisiones que otro de sus poderes toma por razones de competencia y señala los límites de esta afirmación, pues, como se dijo desde antaño, todos los poderes del Estado están sometidos a un delicado equilibrio, como se debería notar, por ejemplo, en las relaciones entre la ley del Poder Legislativo y las sentencias de los tribunales.

Pero esa independencia, en el mundo actual, no puede querer decir, como lo sostiene alguna teoría jurídica, que cada juez, de los miles que existen en la República, tiene el poder de –esto es, la competencia para –no aplicar una ley del Congreso –del Poder Legislativo- bajo el fundamento de su “inconstitucionalidad” –contraria a una regla de la Constitución, pues ello, al menos en el mundo moderno, significa incapacidad organizativa, por no decir vulgarmente “desmadre”. Ello debería hacer pensar en la competencia judicial, sobre todo, en la competencia de la Corte Suprema de la Nación, con el intento de derogar su estatuto originario –ley 48, de los albores de nuestra organización nacional y sus reformas parciales- y las consecuencias de su interpretación, para reemplazarlo por otro que nos conceda seguridad y firmeza sobre el papel real que esa Corte y sus jueces deberían jugar en nuestro Estado nacional.

Por cierto, la tan ansiada “independencia judicial” carece de ese sentido extremo si hablamos del ministerio público, tanto de la defensa como de la persecución penal. Aquí los límites se corren significativamente en razón de la predicada “unidad” del oficio.

* Profesor titular consulto de DP y DPP, U.B.A.

2. Una muerte donde, en su ejecución quedó en claro que no intervinieron terceros, es descrita, por la oposición como un asesinato. Desde la descolocada locura de Carrió, que informó con detalles cómo el asesino ingresó y se retiró con un portafolio donde llevaba los papeles que el fiscal iba a presentar ante el Congreso, hasta la aparición de esto nueva y desopilante locura armada por Clarín, quien le señala lo que debe decir a la “testigo pública”  Natalia Fernández, se ha pasado, en este caso tan claro, por una centena de falsas hipótesis, con el predominio de los medios y de sus “expertos” invitados, haciendo de una muerte un verdadero espectáculo macabro, de mal gusto pero, sobre todo, en este caso, que no es ni la de Ángela ni la de Lola, conspirando contra la democracia, contra los avances logrados en materia social, contra la dignidad nacional y contra la inteligencia humana.

3. Una parte de la población está muy enferma, en especial de odio. Odio inculcado a esos frágiles y mediocres seres (analfabetos funcionales), desde los medios concentrados de comunicación, desde las empresas extranjeras que no pueden saquear a su gusto nuestras riquezas, desde los fondos buitres que ven como el mundo reacciona contra ellos a partir de la actitud de nuestro gobierno de no someterse al chantaje y desde las tristes figuras de la oposición, que pretenden gobernar este país para entregarle a sus verdaderos patrones, el gran capital concentrado, los bienes que se rescataron y los nuevos que se construyeron. Hoy veremos marchar nuevamente a “Pino” con “Lilita”; a Sanz con Alfonsín, a Macri con Massa, a Binner con Morales y Cobos, Bulrrich con Pando y Morandini, etc.

Colocar al Poder Judicial como una herramienta mercenaria a favor de los sectores concentrados de la economía, a favor de un imperialismo genocida y saqueador, no sólo se refleja en nuestro país, sino en muchos de Latinoamérica y del mundo. También se refleja en la propia cuna del monstruo asesino, en los EEUU.

Un juez texano (Scott Hanen) impugnó la reforma migratoria adoptada por Obama “impidiendo que entre en vigor políticas legales y de sentido común” Resumiremos esto en pocas palabras. Si el “ilegal” que trabaja en los EEUU pasa a ser “legal”, puede reclamar que le paguen en blanco, que le paguen los salarios mínimos legales y otros beneficios de los que hoy carecen. Ellos no pueden siquiera protestar por esa explotación brutal, porque, de hacerlo, serían deportados. Más de 5 millones que esperaban registrarse, seguirán esperando.

Pero lo que nos preocupa, y no poco, es la pasividad del gobierno frente a este golpe de estado que se encuentra, sin ningún tapujo, en funcionamiento. Se encuentra en su etapa final, y van al todo o nada. Hay que saquear la Argentina y a eso están dispuestos. Y hasta lo dicen: Bajar los salarios (más ganancias para los monopolios), congelar las jubilaciones, anular la Asignación por Hijo (menos “gasto público”), revertir, como expresa con claridad un candidato opositor, “todas las leyes aprobadas en estos doce últimos años”. “TODAS”. También expresaron que su falla en el pasado es haber asesinado solamente a 30 mil, deberían haber sido no menos de 300 mil.

HOY DEBEMOS TODOS, POR EL FUTURO DE NUESTRO PUEBLO, SALIR A LAS CALLES EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y DE TODO LO POSITIVO OBTENIDO EN ESTOS 12 AÑOS.

SI EL GOBIERNO NO NOS CONVOCA A DEFENDER LO LOGRADO, COMO TIENE LA OBLIGACIÓN DE HACERLO, NOSOTROS TENEMOS QUE CREAR LOS CANALES PARA QUE, COMO PUEBLO SOBERANO Y POR LOS DERECHOS QUE NOS OTORGA LA CONSTITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA EN SU ARTÍCULO 36, PODAMOS DEFENDER A LA PATRIA.

Oscar Natalichio

CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES (CIEYS)

oscarnatalich@fibertel.com.ar

15/02/2015. Día de la marcha de los golpistas.