NOSOTROS O ELLOS Nº 35
SE CONFIRMA LO QUE YA SABEMOS
En esta entrega, la número 35, deberíamos continuar desarrollando la
clasificación de la categoría “trabajo”, pero han sucedido acontecimientos que
requieren nuestra atención por su importancia en la vida e historia de nuestra
patria, entonces, dejaremos para la próxima entrega las descripciones de las
cinco clasificaciones que nos faltan describir.
Son tres los nuevos hechos que pasamos a tratar con la mayor rigurosidad
posible, como es común en nuestros análisis, que tratan siempre de aproximarse
a la realidad objetiva y de evitar trampas y mentiras prefabricadas.
- LOS ARCHIVOS: Han aparecido mil quinientos biblioratos
(1.500), más seis (6) carpetas que contienen las actas originales de la Junta genocida, más otras
con documentación de la
“Comisión de Asesoramiento Legislativo” donde se
encuentran los planes a “largo plazo” y, finalmente, otras con ¡registros de los pedidos que le
hacían los familiares a la
Junta sobre desaparecidos! Este “descubrimiento”,
que se mantuvo oculto durante 30 años, incluye dos cajas fuertes, dos
armarios y una estantería conteniendo documentación de la última
dictadura empresario-militar que padecimos desde 1976 hasta 1983. En esos
biblioratos, depositados en los sótanos del edificio Cóndor y mantenidos
ocultos hasta la semana pasada, se acumulan miles de documentos y actas
sobre las acciones llevadas adelante por los genocidas, siguiendo las
instrucciones del denominado “Consejo Empresario Argentino” que en ese
momento presidía el nefasto Martínez de Hoz. Esos documentos se
constituyen en una contundente prueba del accionar criminal de dichos
empresarios y sus sicarios, enrolados en las fuerzas “de seguridad”, más
una parte de la sociedad civil que incluye a gran parte de la iglesia, a
dirigentes sindicales de la
CGT, a muchos jueces y fiscales y a una cantidad de
despreciables políticos aportados por el peronismo, el radicalismo y el
socialismo amarillo. Los documentos poseen, aunque suene paradójico, un
enorme valor histórico y también una contundente prueba jurídica del
accionar mafioso y criminal con que operaban. En nuestras entregas anteriores
de NOSOTROS O ELLOS y en varios escritos, también anteriores, afirmábamos
que el grupo Clarín, junto con La Nación y La Razón, se habían apoderado de la empresa Papel Prensa
utilizando para ello el robo de las acciones y arrancado la supuesta venta
por medio de torturas y amenazas de muerte. Seis de los biblioratos
conservan 280 actas originales de reuniones de la denominada Junta Militar,
que cubren todo el período en que los genocidas usurparon el poder
político, es decir, desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre
de 1983. Entre estas actas hay varias (13) que se refieren a Papel Prensa
SA en el período que va desde el 15 de septiembre de 1976 hasta el 1 de
diciembre de 1977. Hasta ahora la
justicia contaba sólo con el acta número 14, en una copia que integra el
voluminoso expediente que “investiga” la adquisición ilegal de la empresa Papel Prensa
por parte de Clarín y La Nación. Con
esta nueva documentación, el acta 14 no puede ser cuestionada ya que no
sólo aparece la original, sino, además, las otras doce actas que confirman
que la detención de la
familia Graiver tiene que ver directamente con el robo
de sus acciones y, por ende, del robo de la empresa, que pasa así a ser propiedad
de Clarín y asociados. El acta número 19, en su punto 5 se refiere
claramente a: “ARRESTO DE
FAMILIARES E IMPLICADOS EN EL CASO GRAIVER” y se ordena a que, “nuevamente”,
sea tratado lo resuelto en el acta 14, en sus anexos I y II. Allí se
expresa, textual: “PAPEL PRENSA
S.A.: Se consideran los Anexos I y II/se resuelve aplicar el Anexo II (El
Estado acepta la participación de los Diarios La Razón, Nación y Clarín
en Papel Prensa SA). Luego agrega, también textual: PAPEL PRENSA SA: Se
resuelve revisar lo actuado y evitar que el “Grupo Graiver” cobre las sumas por las acciones
vendidas/no se debe demorar el proyecto”. Además, entre la
documentación se encontró un “Plan de operaciones de acción-tentativo”
cuya extensión cubría el período 1976-2000, de donde surgiría la “Nueva República”
y que incluía los planes del
Consejo Empresario Argentino (CEA) que hoy funciona con el nombre de
Asociación Empresaria Argentina (AEA) e incluía un “proyecto” de la Asociación de
Bancos Argentinos. El “descubrimiento” de la documentación fue producto de
una “operación de limpieza” del edificio Cóndor (de la Fuerza Aérea), llevada
adelante por el brigadier Mario
Callejo quien le informó de la novedad al Ministro de Defensa Agustín
Rossi. La documentación incluía listas negras con nombres de personas “no
gratas” a la
dictadura. Estar en esas listas negras equivalía (de
acuerdo a la categoría) a una segura “pena de muerte”, que muchos pudieron
eludir asilándose y otros no tuvieron esa suerte. Nombramos a algunos de
los integrantes de esa lista: Osvaldo Bayer, Osvaldo Pugliese, Julio
Cortázar, Héctor Alterio, Federico Luppi, María Elena Walsh, Norma
Aleandro, Norman Briski, Rogelio García Lupo, Tomas Eloy Martínez, Francisco
Urondo (desaparecido), Víctor Laplace, Nacha Guevara, Luís Brandoni, Pino
Solana (que terminó apoyando a Clarín), entre otros 300 más. La Junta
empresario-militar había clasificado a 331 personas en cuatro categorías:
F1 “sin antecedentes marxistas”; F2 “los antecedentes que registra no
permiten calificarlo desfavorablemente desde el punto de vista ideológico
marxista”; F3 “registra algunos antecedentes…” y F4 “registra antecedentes
que hacen aconsejable su no ingreso y/o permanencia en la administración
pública…” En esa categoría se encontraban 153 personas de las 331
registradas. Resumiendo: ¿Qué más hace falta para que los
analfabetos funcionales comprendan que hemos pasado por un genocidio en la Argentina y que
muchos de los que apoyaron ese genocidio y la entrega del patrimonio
nacional, como los Macri, De Narváez, Massa, Binner, Morales, Carrió, etc.
pretenden reemplazar a este gobierno para sustituirlo solapadamente por la Asociación
Empresaria Argentina, verdadera
planificadora del mencionado genocidio y desguace nacional?
- LA NOTICIA
DEL MES: El Grupo Clarín presentó el “plan de adecuación voluntaria” a la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, sin dar detalle de cómo se componen los
integrantes de los seis grupos o “unidades
independientes” que ahora lo integran. Esto lo debían haber realizado
hace cuatro años, pero con complicidad de la justicia y mediante absurdas
cautelares, ganaron ese lapso para, finalmente, “aceptar” la Ley. ¿Para qué tanta
bulla? De ninguna manera estaba en juego la libertad de prensa, sino la facturación, ya que en
estos cuatro años, estiman los especialistas, obtuvieron una facturación
adicional de cuarenta mil millones
de dólares (40.000.000.000). El Juez que viajó a Miami con todo pago
por Clarín debería quejarse y reclamarle a esos amarretes una vuelta al
mundo “todo incluido”. Aunque, en realidad, si los jueces pagaran el
impuesto a las ganancias, sabríamos cuánto “morlacos” (como dice el tango)
fueron a parar a sus bolsillos. Los periodistas mercenarios como Lanata,
Joaquín Morales Solá, Nelson Castro, Bonelli y otros delincuentes,
difundieron, durante casi 1500
días, varias veces por día, en varias emisoras, lo que acumula más de un
millón de veces, la noticia que el gobierno quería cerrar Clarín, TN y Canal
13. Lo hacían con rostros compungidos (actuación) y con expresión de
imbéciles (reflejo real) mientras su “papá” ahora declara que nunca estuvo
en riesgo la continuidad de los mencionados medios. Estos personajes
que se llaman periodistas y más hipócritamente “independientes” usaron a
los ciudadanos desprevenidos y los arrearon a una disputa irracional y
paranoica. Entre los políticos que los del Grupo Clarín usaron de forro
pinchado se encuentran todos los de la oposición, incluido Altamira del
PO. ¿Les pasará la factura el ciudadano engañado? ¿O los volverá a votar? La joya del día es que mientras Clarín
acepta y reconoce, la “señora” Magdalena Ruiz Guiñazú y el “señor” Joaquín
Morales Solá, están el los EEUU para denunciar la Ley de Medios y bregar por
la “libertad” de empresa (perdón: de prensa). ¿Me permiten expresar un
sentimiento vulgar? Gracias: ¡Qué pareja
de boludos! (La bajeza con que proceden estas “lumbreras” es tan
vulgar que, a veces, nos es correcto ser serios).
- CUMPLEAÑOS FELICES: Una de las más trascendentales medidas
implantadas por el gobierno, que ha permitido, junto a otras, que la
mortalidad infantil descendiera del 18 por mil al 10 por mil, hoy cumple 4
años. Se trata de la
Asignación Universal por Hijo (AUH),
una acción que llega a 3.300.000 niños
y cubre con protección social a más de 1.800.000 familias. En el
2009 la AUH
era de 180 pesos siendo hoy de 460 pesos y de 1.500 si es discapacitado. El
más destacado dato que analizamos desde el CIEYS es que, por reducción de
la mortalidad infantil y por otras acciones sociales, HOY VIVEN EN NUESTRO
PAÍS 28.800 NIÑOS MÁS POR AÑO, QUE ANTES DEL 2003 SU FUTURO ERA LA MUERTE AL NACER
O TEMPRANA. Ello, en la década
ganada, representan 280 mil niños que están en una cunita, en un jardín o
en una escuela y no en un cementerio. Bueno es recordar que, si se hubiese
mantenido el sistema de AFJP esos niños NO ESTARÍAN VIVOS y la jubilación
sería, hoy, de 600 pesos y no de 2.800 pesos como mínimo. Bueno es
recordar que las AFJP constituyeron el más espectacular asalto “legal” al
dinero de los trabajadores que pasaron, vía comisiones y vía “inversiones
en acciones (entre ellas del Grupo Clarín) al los Bancos “intermediarios”.
(Ver NOSOTROS O ELLOS anteriores).
En la próxima entrega continuaremos con las categorías que no se ven ni
se estudian en nuestro sistema educativo.
Oscar Natalichio
Director
Centro de Investigaciones
Económicas y Sociales (CIEYS)
Alsina 1744 CABA
05/11/13
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